El 28 de junio se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad, se trata de un documento que buscó retratar la realidad que vivió la sociedad colombiana durante más de seis décadas de conflicto armado con las FARC-EP. Este proceso, que duró tres años y siete meses, contó con los testimonios de más de 30 mil personas.
El informe cuenta con diez volúmenes en los que se expone la violencia de la que fueron victimas personas en todo el territorio colombiano en función de su sexo, género, raza, etnia, condición social, entre otras. Uno de los informes tiene como protagonistas a las personas LGBTIQ+ y a las mujeres y el papel que tuvieron en la violencia, la construcción de paz y proyectos de resistencia.
“Mi cuerpo es la verdad” cuenta con dos secciones: la primera, “Mujeres: voces que defienden y cuidan la vida” y, la segunda, “La verdad es arcoíris”. En ellas, se muestra cómo el cuerpo de las mujeres y personas LGBTIQ+ fue territorio de violencia sistemática e histórica durante este periodo de tiempo.
En este artículo hablaremos sobre la situación de las personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado, basándonos en el contenido de más de 200 páginas.
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¿Qué es la comisión de la verdad?
Para entender qué es la Comisión de la Verdad es necesario saber que durante más de cincuenta años Colombia estuvo inmersa en un conflicto interno con un grupo guerrillero llamado FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo). Este se caracterizó por ser el más largo de Latinoamérica y por generar uno de los índices de desplazados internos más altos del mundo.
En consecuencia, en 2016 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició un proceso de paz con este grupo armado con la intención de acabar con el conflicto e iniciar procesos de reinserción a quienes hacían parte de estos grupos en pro de lograr una paz duradera.
Evidentemente las personas que fueron víctimas de este grupo también tuvieron un papel dentro del proceso de paz, como resultado se creó la Comisión de la Verdad: un organismo que busca esclarecer los hechos que ocurrieron durante la guerra y, por este medio, buscar la reparación de las víctimas.
Así pues, tras varios años de investigación, en agosto de 2022 la Comisión de la Verdad presentó su informe final, en el que se consolidaron los datos de todos los testimonios y procesos que se llevaron a cabo con aquellas personas que fueron víctimas durante el conflicto.
El enfoque de género de la comisión de la verdad
Desde que se estaba haciendo el proceso de paz y se empezó a pensar en un organismo como la Comisión de la Verdad se consideró un enfoque de género para tener en cuenta las violencias de las que habían sido víctimas mujeres y sectores de la comunidad LGBTIQ+ por su condición de género y/o orientación sexual.
No obstante, los sectores más conservadores de Colombia estaban en contra de esto pues argumentaban que esto hacía alusión a la “ideología de género” que ha sido tema de discusión en muchos países del mundo.
De acuerdo con el informe se entrevistaron a 369 víctimas de la comunidad LGBTIQ+ y se identificaron 709 sucesos de violencia, pero se tiene la certeza de que este número es superior por dos razones: La primera es que la desconfianza por parte de las personas del colectivo en las instituciones estatales (en parte producto del mismo conflicto) tuvo como resultado en muchos casos su resistencia a contar los sucesos.
La segunda razón es que hay muchos hechos que no son claros y, por ende, no son cuantificables, muchas de las víctimas del conflicto perdieron la vida y no hay nadie que pueda contar sus historias con claridad, por lo que, aunque se tiene claro que las víctimas son más, el informe solo da cuenta de aquellas de las que se pudo hacer un rastreo preciso.
Esto es importante porque uno de los descubrimientos de la comisión de la verdad es que las personas de la comunidad diversa han sido borradas de la historia y esto tiene como resultado la violencia simbólica que impide el autorreconocimiento de la comunidad.
Aún así, los hallazgos del informe sirven como un punto de partida para la construcción de lo que ha pasado con la comunidad LGBTIQ+ en Colombia y de las violencias a las que han sido sometidas las personas de este colectivo.
“Eso le pasa por marica/lesbiana”: La violencia LGBTIQ+ en el conflicto armado
Que el proceso de paz y la comisión de la verdad reconozcan la violencia diferencial a la que fueron sometidas las personas de la comunidad LGBTIQ+ es fundamental porque permitió demostrar que, sumado al repertorio de violencias que sufrían las personas dentro del conflicto, la comunidad diversa se vio sometidas a unas adicionales por causa de su identidad de género, su orientación sexual y su expresión de género.
De igual forma desentrañar esto es muy complicado porque la comunidad LGBTIQ+ era violentada desde antes de la fundación de las FARC-EP (1964) y dar cuenta de estas violencias dentro del conflicto solo demuestra la forma en la que este se adhirió a las estructuras de pensamiento del pueblo colombiano durante generaciones.
Sobre esto es desgarrador leer lo que dice una de las entrevistadas a la comisión: “Uno no busca con esto un reconocimiento o una reparación, no. Uno lo que quiere es decirle a la gente: “Mire, es que perdí mis sueños”. Eso ya nadie te lo va a regresar. Yo tenía mi proyecto de vida y, sin querer, solo porque no aceptan una diferencia, llegan personas que no entienden esto y actúan bajo una regulación de lo que debe ser correcto y lo que no, y te rompen los sueños”.
Además, es importante pensar que las experiencias de violencia atravesadas por estas personas no son responsabilidad únicamente de los militantes de las FARC-EP, los grupos paramilitares —que surgieron para hacerles contra— y el Estado mismo tuvieron injerencia en estas violencias, de hecho, se encontró en la policía y las instituciones del Estado la mayor parte de agresiones al colectivo.
De hecho la comisión encontró que el 36,5% de hechos violentos en contra de la comunidad tienen como responsable a los grupos paramilitares; el 30,2% a las FARC-EP, mientras que 8,1% tienen como responsable a instituciones estatales. Cabe resaltar que el 20,7%, aunque se sabe que fueron por parte de uno de estos grupos armados, no se pudo distinguir con claridad cuál fue el autor, lo que podría aumentar la responsabilidad de cada uno.
Esto tuvo como resultado que las personas no tuvieran a donde ir ni a quién recurrir, si el mismo Estado es un agresor ¿Quién se supone que protege a las personas? Así se puede ver en el testimonio que le dio Arlene (una mujer trans de Cali) a la comisión:
“Estábamos esperando el taxi y se acercaron unos soldados. (…) Allí se presentó una violencia terrible contra nosotras por parte de unos doce soldados que luego nos remitieron a la estación de policía de San Francisco. Cuando quise poner la queja al comandante, él les dijo: “Esos maricas están muy chismosos, muy sapos; viólenlos”, y efectivamente nos violaron a las tres”
Por lo que se destaca que la violencia nunca se presentaba como un hecho aislado, sino que se conformaba toda una red de violencias en contra de las personas que podían venir incluso de diferentes actores. Debido a esto el informe propone un desglose para identificar responsabilidades y líneas de acción para garantizar la no repetición y la reparación de las víctimas.
La violencia por existir: del prejuicio al desplazamiento
Todo esto parte de lo que en el informe se decidió denominar “Prejuicio”, que hace referencia a la construcción de unas ideas sobre la comunidad que están asociadas a los estigmas que han sido construidos en Colombia desde la colonia y que resultan en un intento por eliminar a las personas de la comunidad LGBTIQ+ del mapa.
En respuesta a esto se encontró que el desplazamiento forzado fue una de las violencias más repetitivas en contra de la comunidad, especialmente en las zonas rurales y los pueblos, logrando que el desplazamiento y el exilio encabecen la lista de violencias contra la comunidad con 37,2% y 19,2% respectivamente. Para lograr esto los tres actores empleaban todo tipo de medidas: inicialmente las amenazas, que cohibían a las personas de su expresión de género en el espacio público, después podían ser amenazas (directas o por medio de panfletos), hasta llegar a la tortura y la violencia sexual.
Esto, además, funcionaba para ejercer una dominación en la población de los diferentes pueblos y ciudades, pues cada grupo tenía unos ideales de cómo debía funcionar el mundo y cómo debían ser las personas, pero las personas de la comunidad no cabían en ningún lado pues sus identidades eran tachadas como pecaminosas o inmorales, o se decía que iban a corromper a los niños.
Leer los testimonios de la víctimas es muy difícil, pero necesario para identificar que esto da cuenta de la sociedad tan LGBTIQfóbica que es Colombia, no en vano la comisión encontró que el desplazamiento de las personas de la comunidad tenía como finalidad, entre otras cosas, ganar el apoyo de los otros ciudadanos pues ellos tampoco aceptaban a las personas diversas.
Además, el informe encontró que los grupos impedían que las personas diversas se organizaran y reunieran y, ante el menor intento de hacerlo, mataban a alguna de las personas o las desplazaban, esto dejó en las víctimas una sensación de no pertenecer a ningún lugar con la que aún luchan.
Los cuerpos no normativos y los espacios de violencia.
Pese a esto es importante pensar la forma en la que el abuso sexual era uno de los instrumentos más comunes en contra de la comunidad, pues, aunque en muchos casos se pretendía dar un “escarmiento” a la persona, también se encontró que dentro de las estructuras armadas había personas que se aprovechaban de su posición de poder para abusar de otros.
Por lo que se encontró en el abuso sexual la forma predilecta de dejar un mensaje a las personas de la comunidad LGBTIQ+, “eso les pasa por maricones” le decían a los hombres o mujeres trans; “para que aprenda lo que es un hombre” le decían a mujeres o hombres trans. La sexualidad se convirtió en la tortura predilecta para “enseñar” a las personas lo que debían ser.
Así lo contó Estrella, una mujer trans: “Me metieron por allá pa’l monte y uno dijo: “¿Entonces, muy maricón?”. Yo me quedé callado. Se hablaban entre ellos: “¿Qué?, ¿lo matamos o qué hacemos?”. Se burlaban, se reían. Me hicieron empelotar. Luego el otro me dijo: “¡Venga me lo chupa!”. Me pegaban pata, puño, me decían: “Maricón hijueputa, ¡por gente como usted es que el país está así!, ¡hay que matarlo!”
Debido a esto la comisión registró casi 100 actos de violencia sexual en contra de personas de la comunidad, la mayoría de estos de acuerdo a los testimonios, eran en grupo o se repetían en contra de la misma persona. Además, la mayoría de estos abusos se hicieron sin condon, lo que en muchas ocasiones contagió a estas personas de diferentes ETS o problemas de salud que les obligaron a enfrentarse a la estigmatización del sistema de salud en contra de la comunidad.
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Así lo expresó Leticia: “Debido a esa violación me dio endometriosis. Ya no tengo matriz. A mí me hicieron una conización, una laparoscopia y siete cirugías; la última fue alzarme la vejiga porque, como me sacaron la matriz, se fue cayendo poco a poco”.
Esto es muy importante teniendo en cuenta el nombre que se le asignó a esta parte del informe: “Mi Cuerpo es la Verdad” da cuenta de el cuerpo de las personas del colectivo como espacio violentado: el abuso sexual, la tortura, las amenazas, entre otros, generaron en muchas personas del colectivo una configuración corporal en la que no sienten permanecer. Y esto lleva a que en la actualidad también sean espacios de resistencia, memoria y reafirmación.
Al respecto la Comisión reconoció que “el cuerpo y la posibilidad de intervenirlo son factores indispensables para el pleno desarrollo de las identidades de las personas LGBTIQ+. De ahí que la afectación física tenga un significado diferencial sobre la construcción identitaria de la víctima, en especial cuando se trata de zonas sexualizadas”.
Juventud e instrumentalización: la violencia del servir
Las infancias y adolescencias fueron, de acuerdo a la comisión, las edades en las que más violencia vivían las personas de la comunidad. La gran mayoría de relatos se ubican antes de cumplir 17 años y esto resulta en una afectación directa en otros derechos de los niños como el derecho a la vida digna o el derecho a la educación, pues se veían obligados a desplazarse a lugares que no conocían en soledad.
Esto obviamente tuvo una afectación en la calidad de vida de estas personas, que se tenían que someter a condiciones de indigencia, trabajo sexual o, en muchos casos, reclutamiento forzado, de acuerdo con la OMC 17.953 fueron victimas de reclutamiento forzado, lo que obviamente no excluía a las infancias LGBTIQ+.
Esto es muy importante porque del reclutamiento forzado se desencadenaron otras violencias, por ejemplo, muchas de estas personas fueron obligadas a desempeñar trabajos no remunerados que (en el caso de los hombres gais o las mujeres trans) se asocian convencionalmente a la feminidad: lavar la ropa, cocinar, cortar el cabello, etc.
Aunque este era uno de los mejores escenarios, porque la instrumentalización de las personas impedía que las mataran, de no encontrar nada útil las torturaban, abusaban y luego mataban sin ninguna consideración.
Además, algo que vivieron muchas mujeres lesbianas y bisexuales y hombres trans fue la violencia reproductiva que resultaba del abuso sexual del que eran víctimas, pues se les forzaba a parir y entregar sus hijos al grupo de su agresor. Lo que es peor es que la comisión aclaró en su informe que la información sobre esto no se ha completado pues, por ejemplo, no se ha terminado de determinar qué pasó con los niños que daban a luz estas personas.
¿Dónde estaba el Estado? Violentando a lxs maricas
Para finalizar es muy desalentador pensar en el papel que jugó el Estado en todo esto, no solo en instituciones como la policía que ejercían violencia directa en contra de la comunidad. La mayoría de las instituciones del Estado brillaban por su ausencia, no prestaban los servicios que deberían y, cuando lo hacían, el prejuicio en contra de la comunidad era revictimizante.
Además, la comisión encontró testimonios de falsos positivos judiciales: personas de la comunidad que eran detenidas por delitos que no habían cometido para “demostrar” resultados, presentaban a estas personas con nombres de altos mandos de las FARC y las forzaban a pasar tiempo en la cárcel para después liberarlas sin ninguna reparación, ni una disculpa o una retractación.
Incluso se encontraron diferentes afiliaciones entre los grupos armados y grupos al margen de la ley, por ejemplo, Abril le dijo esto a la comisión:
“Ha habido casos de chicas que viven en zonas rurales de Cajibío o Popayán, donde la misma Policía ha hecho que esas personas que victimizan a las mujeres trans se las lleven. Ellos mismos se las entregan para que abusen de ellas, para que las pongan de sirvientas, a cocinarles, como diciendo, porque se ha oído en el contexto: “¡Por marica, eso le pasa por marica!”
Todo lo que encontró la Comisión de la Verdad tiene como resultado una afectación muy fuerte en las víctimas: depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otras cosas. La falta de un enfoque de género real en la terapia ha hecho que acceder a esta no les sirva a estas personas.
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Aún así, es alentador leer el informe porque se muestran las iniciativas y programas que han surgido del liderazgo de las mismas personas que fueron victimas para hacer frente a hechos como los que vivieron, estos se caracterizan por ser proyectos sociales que buscan aliviar el peso de las personas dentro de un contexto, aunque la comisión en sus recomendaciones reconoce la necesidad de un cambio estructural que permita procesos de reparación y tengan afectación contundente en la estructura social del país.
