El mundo entero se conmocionó cuando, después de 49 años de respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos, Estados Unidos revocó el derecho constitucional del aborto en junio del 2022, este hecho fue un llamado de atención sobre el posible retroceso en derechos humanos que está ocurriendo en el mundo. Actualmente, en Estados Unidos, los estados son quienes tienen la potestad de decidir si las mujeres pueden acceder o no a la interrupción voluntaria del embarazo.
CNN publicó una nota, en agosto del 2022, en la que adjuntaron un mapa en donde se mostraba la situación del aborto en Estados Unidos, un mes después de la decisión de la Corte Constitucional.
En 10 estados, entre los que están Texas, Alabama y Ohio, para el momento estaba prohibida y completamente restringida la interrupción del embarazo. En más de 15 estados, como Arizona, Florida y Utah, el aborto está restringido. En México, Virginia y Nuevo Hampshire es accesible, más no legal. Por último, en más de 14 estados, como Washington, California y Nueva York, las mujeres pueden acceder de manera legal al aborto.
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Ese día no solo las mujeres se conmocionaron de ver cómo un derecho al que habían tenido acceso durante tanto tiempo se les arrebataba de las manos. Las minorías, las disidencias y las personas diversas empezaron a temer por el posible retroceso en derechos humanos y constitucionales a los que, después de mucho tiempo de lucha y violencia, han podido acceder.
Retroceso en derechos humanos: un miedo constante
Lastimosamente, sus preocupaciones no fueron en vano. Los gobiernos, sobre todo de derecha, han ido escribiendo decretos, prohibiciones y limitaciones contra derechos, espacios y posibilidades que afectan directamente a estas poblaciones.
En este artículo evidenciamos algunos de estos cambios radicales y las consecuencias que tienen para la sociedad.
Italia prohíbe las raves limitando el derecho a la protesta
Las raves, según un artículo de ABC Cultura, son movimientos alternativos que se organizan de forma no oficial en terrenos desiertos o edificios abandonados al aire libre. Empezó a existir en los años 70 en la ciudad de Londres, en Soho, y después volvió a tomar fuerza a finales de los años 80. Estos espacios son gratuitos y autogestionados.
En muchos artículos se afirma, de manera verídica, que las raves son fiestas de techno y electrónica, que pueden llegar a reunir a más de miles de personas, en donde el uso de los estupefacientes es muy recurrente. Sin embargo, estos también han sido espacios convocados como manifestaciones y protestas sociales.
Es por esto que la decisión de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, de decretar una prohibición contra las raves es, para los partidos de oposición, una resolución “liberticida, pues podría aplicarse también a otra serie de concentraciones o manifestaciones, como protestas estudiantiles en institutos o universidades”, como se evidencia en el artículo de La República.
La decisión se conoció el 31 de octubre del 2022 cuando se hicieron públicas las primeras medidas tomadas por el Gobierno italiano. Dentro de estas, se presentó un nuevo tipo de delito sobre “la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública”, en el artículo 5 del Código Penal.
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En un artículo de la revista la Revista Cáñamo se afirma que: “La forma en que está redactada la ley, que no incluye como requisito la violencia ni los altercados, permite que sea aplicada contra distintos tipos de reuniones, manifestaciones u otras protestas políticas de distinto carácter, limitando de facto dicho derecho”.
Las consecuencias de quien o quienes incumplan esta ley deberán cumplir una condena de entre tres a seis años de cárcel y todos los equipos utilizados en la rave (manifestación o protestas) serán confiscados. Además de eso, la imprecisión de la norma le permite a las autoridades intervenir comunicaciones de las personas implicadas.
El artículo de La República cita la respuesta de la Amnistía Internacional Italia, organización que considera que la ley “corre el riesgo de tener una aplicación amplia, discrecional y arbitraria en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, que debe ser protegido y no criticado”. Palabras y opiniones a las que se han unido personas como Andrea Orlando, político del Partido Demócrata, y el líder del Partido Democrático, Enrico Letta.
Sin embargo, instituciones como el Ministerio del Interior justifican que esta ley se refiere a “las conductas de invasión arbitraria” que sean un peligro para la seguridad y la salud pública. Afirmó también que: “no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagradas en la Constitución y defendidos por las instituciones”.
Este decreto de ley es, en definitiva, otro gol para el gobierno de ultraderecha italiano que deja contra la espada y la pared el derecho a la libre expresión.
Polonia y sus zonas libres de personas LGBT
En el 2020, la BBC Mundo escribió en un artículo: “En Polonia, decenas de pequeños pueblos se han declarado libres de ideología LGBT. Y las personas homosexuales que viven en estas áreas tienen pocas opciones: migrar, esconderse o luchar”.
El primer municipio en declararse como zona libre de personas LGBT fue Swidnik y, para septiembre del 2020, ya más de 100 regiones y ciudades de Polonia (que significan más de un tercio del país) son zonas abiertamente intolerantes con las orientaciones sexuales diversas y las identidades de género disidentes.
Es irónico, ya que Polonia fue uno de los primeros países européos en despenalizar la homosexualidad en 1932. Sin embargo, está en contra de una supuesta “ideología homosexual” que, para muchos, amenaza al país.
De hecho, en la campaña electoral de Andrzej Duda se hablaba de la homosexualidad como una ideología exportada de la Europa Occidental y los Estados Unidos.
Lucy Ash, quien escribió el artículo de la BBC News, estuvo en Swidnik y presenció un encuentro entre personas LGBT manifestándose de manera pacífica para demostrar que son “ciudadanos normales” y opositores afirmando que: “Ese es el objetivo de los enemigos de Polonia. La guerra ya no se trata de tanques y misiles. Se destruye un país creando caos. Y eso es lo que estos gays están tratando de hacer”.
La discriminación y violencias generadas por las “LGBTQ-free” zonas alarmó a la Unión Europea que, según una nota de la página web magnet, en junio del 2021 empezó a tomar acciones, como medidas jurídicas, que durarían por años e iniciarían con procedimientos de infracciones.
Sin embargo, Magnet afirmó que: “La UE ha estado luchando durante años contra Polonia y Hungría por numerosas cuestiones relacionadas con el estado de derecho que, hasta ahora, a menudo han dado lugar a pocas sanciones concretas. Así que esto también corre el riesgo de convertirse en otra batalla prolongada que Polonia y Hungría simplemente ignoran”.
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Dentro de las acciones que tomaría también la Unión Europea sería redireccionar los fondos que originalmente son para la ayuda regional hacia los derechos de la comunidad LGBT. Al enterarse de esto, los parlamentos regionales cambiaron el documento, donde se reafirmaban como “zonas libres de personas LGBT”, a “adherencia a la tradición, el respeto al trabajo, la propiedad, la cordial hospitalidad y, por encima de todo, el respeto por la dignidad de los derechos humanos”.
A pesar de esto, y según un artículo del diario digital español, El Confidencial, el entonces vicepresidente polaco, Zbigniew Ziobro, no demoró en demostrar su descontento frente a la decisión y referirse a esta como “terrorismo económico”.
A la defensiva, el portavoz de ese gobierno, Piotr Müller, afirmó que no se tenían malas intenciones y lo único que se buscaba era “promover los valores familiares” y aseguró que “nunca ha habido ni habrá ninguna zona libre de LGBT en Polonia”.
Otro golpe de parte del gobierno en contra de los derechos de las minorías.
En Castilla y León: la legalidad del aborto puede estar agotándose
La comunidad autónoma de España fue noticia a inicios de enero del 2023, debido a que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, afirmara que se tomarán medidas antiabortistas por parte del Gobierno autónomo.
Según una nota de El País, las mujeres que quieran realizar una interrupción voluntaria del embarazo tendrán tres opciones dadas el equipo sanitario: un apoyo de atención psicológica, la posibilidad de escuchar el latido del feto y tener acceso a una ecografía en 4D. Medidas que, supuestamente, serán optativas.
Asimismo, los médicos que se nieguen a realizar estos procesos serán protegidos por el Gobierno.
Ante estas nuevas decisiones, a las que el gobierno de ultraderecha se refiere como “provida”, el Ministerio de la Igualdad afirmó que: “las medidas podrían construir una vuleración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultad de acceso a una atención eficaz”.
Por su lado, Juan García-Gallardo considera y habla del aborto como una “tragedia social” y un “drama” que al final deja “una huella en las mujeres”.
La situación actual en Castilla y León es muy confusa dado que, después del comunicado por parte del vicepresidente de la Junta sobre el plan antiaborto, el presidente Alfonso Fernández Mañueco aseguró que no había aprobado nada con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y que los médicos no estaban en la obligación de ofrecerles la ecografía 4D o dejarles escuchar el latido del feto.
Sin embargo, después de estas declaraciones del presidente de la Junta, García-Gallardo volvió a afirmar que este era un protocolo obligatorio para todo el personal de sanidad.
Esta falta de claridad sobre la situación actual ha hecho temblar a los derechos humanos. Precisamente, Carolina Darias, ministra de Sanidad, aseguró en TVE que la Junta está tratando de atentar contra los derechos de las mujeres a decidir libremente.
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Este es un golpe del machismo y la ultraderecha contra la larga lucha de las mujeres para poder tomar sus propias decisiones con respecto a su cuerpo.
Venezuela busca regular las organizaciones no gubernamentales
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en su programa “Con el mazo dando”: “La semana que viene nosotros vamos a introducir ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales”.
Con estas palabras, Cabello demostró que Venezuela busca tomar el mismo camino que Nicaragua, al regular las ONG a través de un proyecto de ley. En una nota de Infobae se argumenta que “el régimen chavista quiere controlar el financiamiento de estas ONG para doblegarlas y extinguirlas del panorama político venezolano y así evitar las críticas a la dictadura madurista”.
En el programa semanal, Cabello demostró su creencia de que las organizaciones no gubernamentales dependen del imperialismo gringo, país que, de hecho, sigue firme con su política de sancionar a los funcionarios de Maduro hasta que vuelvan a un ‘camino político democrático’.
Efecto Cocuyo, una página web venezolana, transmitió lo peligroso que sería esta decisión para su país. “Más de 500 ONG alertaron en 2022, que una regulación de ese tipo pondría en riesgo la labor humanitaria a favor de los sectores más vulnerables del país, ante la probable obstaculización del recibimiento de recursos procedentes del exterior, además de violar otros derechos como la libre expreisón”.
Este golpe de parte del chavismo podría dejar desamparadas a las minorías, aumentando así las cifras de violencia y discriminación en el país.
Fuentes:
1. La República
2. Canamo
3. BBC
4. Magnet
5. El Confidencial
6. RTVE
