La propuesta reciente de Vox sobre la segregación de libros relacionados con la diversidad sexual en las bibliotecas públicas de la Comunitat Valenciana ha suscitado un intenso debate. La iniciativa plantea la creación de una sección exclusiva para estos materiales, especialmente distanciada de la sección infantil.
Según la propuesta de Vox, todas las bibliotecas en municipios con más de 25.000 habitantes deberían establecer una sección independiente para albergar libros y recursos sobre diversidad sexual, familiar, de género y desarrollo sexual, siempre respetando los derechos humanos. Destacan la necesidad de que esta sección esté completamente separada del resto, con especial énfasis en distanciarla de la sección infantil.
Vox argumenta que durante los últimos ocho años, el gobierno del Botànic ha promovido lo que denominan «la implantación de ideología de género en todos los ámbitos, especialmente en el socioeducativo». Sostienen que se ha intentado influir en la población más vulnerable, como los menores y jóvenes, mediante la introducción de materiales basados en una ideología específica en bibliotecas y centros educativos.
La formación ultra afirma que este tipo de material ha suscitado preocupaciones entre asociaciones, padres, madres y educadores, quienes expresan inquietudes sobre los posibles problemas afectivos e identitarios que podrían surgir en niños y jóvenes. Además, Vox denuncia el derecho de los padres a decidir el momento y lugar adecuado para informar y educar a sus hijos en materia de educación sexual.
Actualmente, todas las bibliotecas en municipios con más de 25.000 habitantes cuentan con materiales de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual accesibles a niños, adolescentes y jóvenes. Vox, respaldándose en la demanda de lo que consideran «un sector importante de la población», busca restringir el acceso de menores a estos materiales, sugiriendo que deberían estar en una sección específica fuera de su alcance.
Vox menciona el ejemplo del Ayuntamiento de Burriana, que ha decidido seguir la legalidad vigente establecida por la Ley 4/2011 de bibliotecas de la Comunitat Valenciana para garantizar la libertad de los padres que rechazan estos contenidos y velar por el bien superior del menor.