La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha marcado un hito en su búsqueda de verdad y justicia al anunciar oficialmente la apertura del Macrocaso 11, dedicado a investigar la violencia de género y sexual perpetrada en el contexto del conflicto armado colombiano. Este paso histórico es resultado de años de lucha por parte de organizaciones sociales, víctimas y defensores de los derechos humanos, y representa un avance significativo hacia la reparación y no repetición de estos crímenes.
El Macrocaso 11 se centra en los actos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados por prejuicios de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa. Estos actos atroces han afectado principalmente a mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ a lo largo de las décadas de conflicto armado en Colombia, desde 1957 hasta 2016.
La Sala de Reconocimiento de la JEP ha registrado un total de 35,178 víctimas de violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva, así como crímenes cometidos por prejuicio, perpetrados por todos los actores armados involucrados en el conflicto. Entre estas víctimas, el 89.2% son mujeres, y el 35% sufrió esta violencia siendo niños, niñas o adolescentes. Aunque en la mayoría de los casos no se cuenta con información sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se ha identificado que estas atrocidades también afectarán a personas de comunidades afrodescendientes, indígenas y del pueblo Rrom (gitano).
Este Macrocaso se enfoca en desentrañar los motivos y las lógicas detrás de estas violencias de género, que han sido utilizadas como armas de guerra y que están arraigadas en relaciones de género dominantes. Los perpetradores incluyen a grupos paramilitares (33%), las extintas Farc-EP (5,82%) y agentes del Estado (3,14%), aunque en un 30% de los casos no se ha identificado al actor armado responsable.
El proceso de apertura del Macrocaso 11 ha estado marcado por la presión de diversas organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos, incluyendo la Alianza de Litigio de Género ante la JEP y Caribe Afirmativo, que han presentado informes y recomendaciones para fortalecer la búsqueda de justicia. en estos casos.
Además, la Procuraduría General de la Nación y la ciudadana Yolanda Perea presentaron una acción de tutela para acelerar la apertura del Macrocaso, lo que finalmente llevó a una sentencia que ordenó a la Sala de Reconocimiento iniciar el proceso en un plazo máximo de 30 días.
La apertura oficial del Macrocaso 11 representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violencia de género y sexual en el conflicto armado colombiano, incluyendo a las personas LGBTIQ+.
Este paso permitirá el reconocimiento y la judicialización de los perpetradores, la reconstrucción de la memoria y, lo más importante, la disminución de estas violencias para crear un entorno seguro donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, puedan vivir plenamente como ciudadanos y ciudadanas.
