Este 19 de marzo, el Estado Colombiano pedirá perdón a la comunidad LGBTIQ+ por los derechos que le fueron vulnerados a Raiza Salazar, una mujer trans que por años, sufrió agresiones y amenazas por parte de vecinos en el Valle del Cauca. Raiza, quien llevaba décadas luchando por justicia, finalmente vio reconocidos los graves fallos en su protección por parte de las autoridades.
Desde que en 2001 adquirió una propiedad en Dagua, Valle del Cauca, Raiza fué objeto de constantes amenazas y agresiones por parte de vecinos y mayordomos del condominio. En 2005 se vio obligada a abandonar su hogar puesto que fue atacada con una escopeta de balines en la cabeza. Después de ese suceso, se le reconoció su condición de desplazada, pero en el 2009 cuando decidió regresar a la que era su vivienda, siguió siendo víctima actos violentos.
A pesar de las denuncias que Raiza interpuso en la Fiscalía y la Personería de Cali con el deseo de obtener protección, su caso fue tratado como una contravención, ignorando la gravedad de la violencia que enfrentaba.
El reconocimiento por parte del Estado colombiano llega después de un acuerdo que buscaría evitar que este caso llegara a la corte interamericana de Derechos humanos y desencadenara en una eventual condena. Se determinó que la Nación pediría disculpas públicas a esta mujer por haber vulnerado sus derechos fundamentales.
Después de una larga lucha por parte de Raiza y de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Santamaría Fundación, que la ha acompañado en este proceso, será esta última quien en nombre de Raisa, reciba el reconocimiento estatal, pues la mujer se encuentra en difíciles condiciones de salud.
Sabre este acto, el director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano, Jhon Camargo, agregó «No estamos esperando un fallo judicial, el Gobierno es abanderado del reconocimiento temprano de derechos y en este contexto tenemos el deber de evitar la revictimización».
El director de la Andje también añadió que en el caso de Salazar, al Estado le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables que vulneraron sus derechos fundamentales. «Hemos sido testigos de la dolorosa búsqueda de la verdad y de la justicia que ha emprendido durante estos años»
Según Camargo, este acto requirió de una preparación rigurosa puesto que era difícil pensar en una reparación para raza sin que se tuviera en cuenta el impacto que esto tendría tanto en la comunidad trans como en su conjunto.
Finalmente, añadió que «la exclusión y la discriminación no pueden ser promovidas ni toleradas bajo ninguna circunstancia» y que la sociedad no debía seguir normalizando prejuicios y castigos hacia aquellas identidades que se salen de los roles tradicionales
Fuente: El Tiempo
