España enfrenta una gran problemática en cuanto a crear espacios que fomenten la educación inclusiva a personas con discapacidad. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) en 2018, denunció que el sistema educativo de España estaba segregando al 17% de las personas con discapacidad (aproximadamente 35.000 estudiantes).
Lo anterior, hace que se les matricule a centros especiales, en lugar de dotar a los centros ordinarios con los medios necesarios para poder aprender..
Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en 2020, cuando el Comité denunció un acto de discriminación del Estado español en contra de Rubén Calleja, un chico con síndrome de Down, pues le obligaron a abandonar la escuela pública ordinaria en la que estudiaba y a matricularse en un centro concertado cuando tenía 11 años. En la misma resolución en la que ordena que Rubén sea indemnizado, y pidió a España corregir este problema.
Quizás te puede interesar: Educación inclusiva: a lo que todes debemos apuntarle
¿Qué medidas ha tomado España para promover este tipo de educación inclusiva?
En el Congreso se contempla una ley que dicta que las escuelas públicas, para el 2030, deben contar con recursos suficientes para cumplir lo previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en 2008.
Con esto se quiere que los centros especiales matriculen a pocos alumnos que verdaderamente requieran una atención “muy especializada”. Por ejemplo, estudiantes que necesiten atención de carácter médico.
De esta manera se busca que las escuelas sirvan como “centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Este es un tema que ha generado gran controversia, pues a muchas familias con estudiantes en condición de discapacidad les preocupa que la escuela pública ordinaria no esté preparada para cuidarles y formarles.
El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación puso a cargo en 2019 a Gerardo Echeita, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, junto a un grupo de especialistas para analizar los avances similares en temas de educación inclusiva para personas con discapacidad realizadas con éxito en otros cuatro lugares y de esta forma extraer conclusiones y estrategias.
El texto, publicado por el mismo ministerio, está titulado: “Entre el derecho a la educación inclusiva y la realidad: Análisis del III plan de acción para personas con discapacidad de la comunidad de madrid y propuestas”.
Plan de Acción para la inclusión de personas con discapacidad en España
Para el estudio se analizaron casos en Italia, Portugal, la provincia canadiense de New Brunswick y el distrito londinense de Newham. Según el informe, estas son algunas de las enseñanzas que quedan para aplicar en el país:
- Los cuatro países estudiados se enfocaron en retratar la inclusión de personas con discapacidad como un “asunto de derechos humanos”, siguiendo los lineamientos de la convención de la ONU. Esto, debido a que asegurar la educación inclusiva de todas las personas, sin importar si está en condición de discapacidad, es una forma de asegurar el derecho de estas personas a no ser discriminadas.
- Asimismo, en los mismos procesos usados para hacer el análisis, fue muy importante el apoyo que se recibió de quienes están relacionados con la problemática, como las familias de las personas con discapacidad u organizaciones que trabajen en pro de sus derechos; así como los sindicatos de profesores y la dirección de los centros educativos.
- Otro punto a tener en cuenta, es que las familias de las personas discapacitadas deben vivir todo este proceso con tranquilidad, asegurando, al mismo tiempo, que el cuerpo de docentes de las escuela públicas no deben sentirse “desamparados” por los cambios. El informe recomienda implementar desde el comienzo una provisión de profesionales en el área que no vengan a reemplazar a quienes ya están en los colegios.
- También, de acuerdo al análisis hecho de los cuatro países, se concluye que el proceso debe ser lento y constante. El informe recomienda ir poco a poco según vayan surgiendo las circunstancias de cada centro especial. Así se garantiza que los profesionales que trabajan en las escuelas públicas mantengan sus trabajos y, también, que exista la plena accesibilidad a los espacios y los recursos que se requieran
- Queda claro que las familias de las personas discapacitadas son importantes para el proceso, por lo que es necesaria su participación. Sin embargo, es también normal que estas personas sientan miedo por lo que pueda llegar a ocurrir en el mismo proceso, por eso, es una tarea del Estado el no forzarles a participar, sino convencerles de que la escuela pública puede desarrollar espacios de educación inclusiva que hagan bien a las personas con discapacidad.
También leer: A falta de educación para la diversidad, las aulas no son espacios seguros
Políticas públicas e interseccionalidad en España con las personas LGBTQ+
Sumado al trabajo del Estado, diversas organizaciones no gubernamentales han puesto de su parte para trabajar en pro de la educación y la interseccionalidad de las personas discriminadas, tal es el ejemplo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
La COCEMFE clausuró a mediados de 2022 las jornadas de ‘Discapacidad y discriminaciones interseccionales: Lo que aprendimos en la pandemia’, convocatorias en las cuales se denunció y exigió un abordaje de la interseccionalidad en las políticas públicas.
El evento, que se realizó entre el martes 26 y miércoles 27 de abril, contó con varias mesas de conversación en las cuales se situaron en el centro de la agenda algunas variadas temáticas que tradicionalmente han sido ignoradas desde la perspectiva de las personas con discapacidad.
Para lograrlo, se dividieron varias mesas, una de ellas dedicada a tratar temas relacionados a las personas LGTBIQA+ con discapacidad, hablaron sobre la exclusión social, el estigma y la discriminación de la cual son víctimas. Las mesas fueron tituladas: ‘Asilo, refugio y discapacidad: las persecuciones de personas con discapacidad por motivos de género, identidad sexual, origen étnico, nacionalidad, afiliación religiosa o ideología política’.
Algunas de las conclusiones de estas mesas incluyen el hecho de que tener una orientación sexual o identidad de género disidente y ser una persona con discapacidad es una realidad sumamente invisibilizada. Esto desemboca que vivir en condiciones de discapacidad y ser parte de la comunidad LGTBQ+ implica sufrir constantemente de violencia y negación en ámbitos sociales, políticos y económicos.
Con base en esto, resultó de vital importancia la mirada interseccional que tomó el evento, ya que ayuda a describir las formas como la población discapacitada y LGBTQ+ tiene suficientes razones para exigir sus derechos.
Puede interesarte: Escocia es el primer país en incluir educación LGBT en las currículas de los colegios
¿Cómo es la situación legal de las escuelas españolas para asegurar la educación inclusiva?
En España existen varios documentos que se han generado a partir de la situación de las personas con discapacidad. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos muestra algunos ejemplos:
- La Ley de 1985, la cual plantea explícitamente todos los beneficios, así como la necesidad, de que las personas “con deficiencias psíquicas y sensoriales” asistan a las escuelas públicas ordinarias, con la obligación de que estas personas deben tener apoyos individuales específicos.
- También menciona que se debe recurrir a centros de educación especial solamente cuando las características de la persona que accede a la educación no le es posible su inserción en el sistema educativo convencional por causas de su condición.
- La Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) mostró abiertamente los beneficios de fomentar la educación inclusiva, dando luz al concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), término con el cual se hace referencia a todas las personas que acceden a una educación ordinaria, pero que, debido a su discapacidad, precisan de apoyos extras dictados por profesionales con formación en Educación Especial.
- Con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se hizo énfasis en el compromiso social que los centros de educación deben tener con la realización de una escolarización inclusiva, manteniendo una línea de calidad y equidad.
